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El referéndum que empoderó a Vizcarra


2018-12-10

Por David Hidalgo | The New York Times

En una jornada de apenas ocho horas, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, obtuvo mediante referéndum una de las mayores victorias políticas de los últimos años en el país. El resultado empodera al gobierno, que hoy se encuentra en medio de un escenario sacudido por la crisis de corrupción en el sistema judicial, las denuncias por el presunto financiamiento ilícito de las principales fuerzas políticas y un crudo enfrentamiento con la mayoría opositora del congreso.

El referéndum —anunciado por Vizcarra en su primer mensaje a la nación de julio pasado— estuvo centrado en cuatro reformas constitucionales, que ninguno de sus cuatro antecesores desde el retorno a la democracia —en el año 2000— logró impulsar: la reforma del poderoso organismo encargado de elegir a jueces y fiscales, la regulación del financiamiento de los partidos políticos, la prohibición de la reelección inmediata de congresistas y el restablecimiento de la bicameralidad en el parlamento.

La aprobación de las tres primeras propuestas y el rechazo a la cuarta –una combinación sugerida por el propio jefe de Estado– obtuvo porcentajes de votación superiores al 85 por ciento en cada tema. Eso es incluso veinte puntos arriba de lo que esperaban los analistas mejor informados. Apenas conocidas las cifras, hubo voces que las interpretaban tanto como un respaldo al mandatario, como una señal de hartazgo popular en un país que tiene varios altos magistrados y líderes políticos investigados, presos o en proceso de extradición por diferentes cargos.

“Para llegar a este punto ha sido trascendental la revelación de la corrupción en los tres poderes del Estado”, señala Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal y una de las mayores especialistas en la infiltración de la corrupción en el Sistema de Justicia peruano.

El recuento de Silva es una suma de evidencias: el caso Lava Jato no solo alcanzó a cuatro presidentes sino que originó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo de este año; cuatro meses después, la prensa dejó al descubierto una compleja red criminal que involucraba a jueces y fiscales supremos con políticos sospechosos y ponía en riesgo una serie de investigaciones por corrupción; a esto se sumaba que varios miembros del congreso, en especial de la mayoría opositora del partido Fuerza Popular y sus aliados del Apra, estaban en la mira de las investigaciones.

En la vorágine de denuncias contra casi toda la clase política, y ante el reclamo nacional de que mostrara como mandatario remplazante el liderazgo que el electo PPK no había tenido, el referéndum propuesto a mediados de año por el presidente Vizcarra convertía a la ciudadanía en un actor dirimente para decidir una salida a la crisis. Los resultados de ayer le dieron la llave de esa puerta.

“Lo importante es que Vizcarra ha señalado que se trata de un primer paso hacia reformas más estructurales”, señala Cruz Silva.

Una de las propuestas aprobadas ayer, por ejemplo, cambia la institución que elige a los jueces y fiscales, que pasará a ser una Junta Nacional de Justicia, pero deja pendientes otras reformas relativas a la transparencia en la elección de magistrados o a la obligatoriedad de declarar los conflictos de interés por parte de los aspirantes a los principales cargos del sector. Ambos, puntos centrales para entender el colapso institucional de los últimos meses.

“Si nos quedáramos solo con la reforma constitucional que él ha planteado no se van a resolver los problemas de la filtración de las redes de corrupción tanto en el Sistema de Justicia como en el parlamento”, precisa Silva.

El éxito del referéndum le ha dado a Martín Vizcarra un valioso crédito político de cara a los dos años y medio que le quedan de mandato, aunque algunos analistas estiman que el futuro inmediato radica en la solidez de las propuestas legislativas que el gobierno presente para llevar adelante las reformas. “Vizcarra en este tiempo ha mezclado una buena situación en las encuestas con una precariedad en su gabinete, en su bancada, en su partido —de hecho, no tiene un partido—, que en algún momento de presión le puede pasar factura”, advierte el analista político José Carlos Requena, de la consultora 50+1.

El proceso no estará libre de las tensiones con la oposición parlamentaria, que apenas tres días antes del referéndum, en un virtual acto de fuerza, aprobó un dictamen sobre financiamiento ilícito abiertamente contrario: pretende aplicar a este delito penas menores a las del lavado de activos, cargo por el que actualmente se investiga a varios políticos y líderes de partidos bajo sospecha de recibir fondos de origen ilegal.

El presidente ha anunciado que observará la norma. El 85 por ciento de los ciudadanos que votaron en el referéndum de ayer le dieron su respaldo a esta propuesta con la misma contundencia con que votaron para que los actuales congresistas no regresen a sus escaños, al menos en los cinco años que dura un periodo.

“Esto es una legitimación. En adelante, lo que toca es moderar los ánimos y despejar cualquier cosa que pueda hacerle pensar a Vizcarra que puede tentar una elección el 2021”, comenta Requena. “Seguramente se puede encontrar una interpretación constitucional para hacer eso viable, pero es importante que el presidente se concentre en dejar un legado para el país. Y ese legado puede ser el inicio de la reforma judicial”.

Vizcarra llegó al poder en marzo pasado, cuando las evidencias del escándalo Lava Jato y la presunta compra de votos congresales forzaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. Desde entonces ha conducido una administración firme a pesar de las tensiones con el congreso y un abierto enfrentamiento con el cuestionado fiscal de la Nación. Con el proceso de ayer ha ganado más fuerza para gobernar. El resultado positivo es justamente ese: aire para gobernar.



Jamileth


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