Puedo estar aquí un año, pero mi sueño es americano'

Por Kirk Semple | The New York Times

TIJUANA, México — Después de asumir al cargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pronunció un discurso en el Congreso el 1 de diciembre en el que cubrió todos los puntos importantes de su política para poner primero a México: combatir la pobreza, detonar la creación de empleos y erradicar la corrupción.

Lo que notoriamente estuvo ausente de su discurso fue una referencia específica a uno de los asuntos más urgentes de su joven gobierno: los miles de migrantes que viajaron a través del país en caravana y que ahora están reunidos en Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos.

López Obrador hizo su campaña con una plataforma nacionalista enfocada en ayudar a los mexicanos. Sin embargo, la crisis en Tijuana ha puesto al frente los retos que genera la migración a gran escala a través de la región y la presión que inflige a las relaciones con Centroamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes, y con Estados Unidos, adonde muchos se dirigen.

Las caravanas reunidas en la frontera también han subrayado la tensión que México enfrenta a medida que el país se convierte cada vez más en un destino para los migrantes, no solo en una nación de tránsito, donde las solicitudes de asilo y otras formas de ayuda van en aumento y presionan a un sistema que no está preparado para este repentino incremento.

“Esta crisis ha revelado que los sistemas para manejar y enfrentar la inmigración, tanto en Estados Unidos como en México, son disfuncionales e incapaces de enfrentar el gran reto que tenemos en este momento”, dijo Carlos Heredia, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México.

Las caravanas y la tensión que han puesto en la región han obligado a México —y a Centroamérica— a enfrentar el tema como nunca antes, dijo Heredia.

“Las élites económicas y políticas de Centroamérica, junto a las de México, han estado acostumbradas desde hace mucho tiempo a lidiar con la inmigración como si fuera un problema de Estados Unidos, pues argumentan que las personas quieren ir ahí, así que es mejor no involucrarse”, dijo. “Esta crisis, que ya ha explotado, está obligando a Centroamérica y México a no esconderse detrás de la desgastada excusa, y eso es bueno”.

El secretario de Relaciones Exteriores de López Obrador, Marcelo Ebrard, estuvo en Washington el 2 y 3 de diciembre para reunirse con funcionarios del gobierno de Donald Trump y hablar, entre otros temas, sobre migración. Los gobiernos han estado analizando un plan que requeriría que los migrantes que atraviesan México y buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en México mientras esperan el resultado de su solicitud, un proceso que puede tomar años.

La política propuesta —parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para aminorar la carga en el saturado sistema de asilo estadounidense— representaría un cambio radical en comparación con la forma en la que actualmente funciona el sistema de asilo. Conforme las prácticas actuales, los solicitantes de asilo que reciben aprobación inicial en la frontera para proceder con sus solicitudes obtienen permiso para quedarse en Estados Unidos hasta que sus casos sean adjudicados.

Las solicitudes de asilo en Estados Unidos se han disparado en los últimos años, lo que complica aún más la carga de trabajo en las cortes migratorias estadounidenses, donde están pendientes más de 760,000 casos de inmigración, según la Universidad de Syracuse.

No obstante, este plan podría ser muy impopular en México.

“Más allá de las dificultades obvias de tener un sistema migratorio saturado y a una burocracia insuficiente para manejarlo, será un asunto sobre el cual será difícil convencer a México, porque surge una pregunta: ‘¿Qué recibo a cambio?'”, dijo Carlos Bravo Regidor, coordinador del programa de Periodismo del CIDE.

El gobierno de López Obrador, posiblemente a cambio de un arreglo sobre el acuerdo de asilo, tiene la esperanza de que el gobierno de Trump ponga su peso político y recursos en una propuesta para encontrar un plan de desarrollo exhaustivo para abordar los factores de tensión, principalmente la pobreza y la violencia, que impulsan gran parte de la migración de Centroamérica.

El 1 de diciembre, López Obrador, los presidentes de Guatemala y Honduras, así como el vicepresidente de El Salvador firmaron un acuerdo para desarrollar una estrategia de ese tipo, que los funcionarios mexicanos han comparado con el Plan Marshall, la iniciativa liderada por Estados Unidos para reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

El enfoque busca “fortalecer el desarrollo social y combatir de manera integral las causas del fenómeno migratorio”, aseguró el gobierno mexicano a través de un comunicado.

No obstante, estos son planes complicados que tomarán tiempo para ser desarrollados. En el corto plazo, el gobierno de López Obrador, con sus socios locales y regionales en el estado fronterizo de Baja California, ubicado al noroeste y donde se ubica Tijuana, tiene que lidiar con el asunto urgente de los migrantes de la caravana.

La primera de las caravanas partió de Honduras a mediados de octubre y con el tiempo creció para incluir a más de cuatro mil personas, principalmente de Centroamérica, que viajaron hacia el norte en una combinación de caminata y de conseguir que los automovilistas los llevaran. Muchos se unieron apresuradamente a la procesión: apostaron a que era la manera más segura y económica de llegar a la frontera de Estados Unidos.

El tamaño del grupo probó ser una protección contra los criminales que acechan a los migrantes, especialmente en México,  y su perfil, que se elevó considerablemente cuando el presidente Trump comenzó a lanzar ataques contra el grupo, provocó una cascada de ayuda humanitaria a lo largo del recorrido.

Para el momento en que la caravana llegó a Baja California, otras caravanas también se dirigían hacia el norte a través de Centroamérica y México. En total, las caravanas trasladaron a unos ocho mil migrantes a la frontera, la mayoría terminó su trayecto en Tijuana.

Funcionarios locales y estatales, asistidos por grupos de la sociedad civil, se esforzaron para darles hospedaje y abrieron un refugio migrante temporal en un complejo deportivo que rápidamente se llenó a más del doble de su capacidad.

Mientras los funcionarios locales y estatales criticaron abiertamente al gobierno federal por no brindar ayuda humanitaria y dinero en los primeros días de la crisis, la burocracia de migración federal respondió velozmente para dar acceso expedito a los migrantes al proceso de asilo en México y otras formas de ayuda.

En los últimos días, ha habido largas filas en el centro temporal en Tijuana, donde las agencias estatales y federales han estado ayudando a los migrantes a solicitar el estatus legal en México y registrarse para obtener un empleo.

El gobierno ha ofrecido a los migrantes dos opciones: pueden solicitar asilo o una visa humanitaria, la cual es válida durante un año y es renovable. Los solicitantes de asilo pueden trabajar de manera legal mientras sus solicitudes son procesadas y la visa humanitaria también incluye un permiso de trabajo.

Hasta hace una semana, más de seiscientos centroamericanos asociados con las caravanas habían recibido visas humanitarias y más de cuatrocientos habían solicitado asilo en México, dio a conocer el gobierno mexicano.

La frecuencia con la que los migrantes presentaban solicitudes para legalizar su estatus migratorio se incrementó significativamente la semana pasada después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos usaron gas lacrimógeno para repeler a cientos de migrantes que se habían separado de una marcha y corrieron hacia la frontera, dijeron funcionarios.

Para muchos de los migrantes, la opción de la visa humanitaria parece más atractiva porque, a diferencia del asilo, les permite más flexibilidad sobre dónde pueden vivir. Además, los tiempos del proceso son mucho más rápidos: las autoridades están prometiendo procesar las solicitudes para las visas en dos semanas. Por otro lado, las peticiones de asilo toman hasta seis meses para ser procesadas y a menudo más de un año, dijeron los funcionarios, aunque la ley estipula un periodo de revisión de hasta tres meses.

Incluso antes de que partieran las caravanas de Centroamérica, el sistema de asilo de México ya enfrentaba la presión a medida que un número creciente de migrantes elegía buscar santuario en el país.

El año pasado, más de 14,600 personas pidieron asilo en México, un incremento de once veces en comparación con 2013, de acuerdo con estadísticas gubernamentales. Durante los primeros ocho meses de este año, más de 14.544 migrantes solicitaron asilo, un incremento del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Naciones Unidas estima que alrededor de 47,000 presentarán una solicitud en 2019.

No obstante, los niveles de personal y de capacitación en las burocracias migratorias de la nación no se han mantenido al ritmo de la demanda, lo que ha llevado a extensos retrasos en la adjudicación y ha impedido el acceso a muchos migrantes, aseguran los activistas.

Los migrantes de la caravana han estado intentando analizar sus opciones. Sin embargo, para muchos, ningún lugar tiene el encanto de Estados Unidos, cuya atracción magnética impulsa a mucha de la migración en el hemisferio.

En una mañana reciente, Óscar López Dávila, de 31 años, un migrante originario de Honduras, se encontraba en el centro de procesamiento temporal del gobierno evaluando los pros y los contras de solicitar una visa humanitaria en lugar del asilo.

Lo importante, dijo, era su plan de ir a Estados Unidos, y que tenía la esperanza de que cuando la conmoción que rodea a las caravanas se disipara, él podría encontrar una manera —legal o no— de cruzar la frontera.

“Puedo estar aquí y rentar un apartamento durante un año, esperar a que todo se vuelva más tranquilo”, reflexionó. “Pero mi sueño es americano”.

Jamileth

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